¿Se han preguntado alguna vez cómo una empresa fantasma, de esas de las que nunca escucharon ni siquiera el nombre, puede tener los datos suficientes como para remitirles un folleto comercial? ¿O hasta qué punto tienen derecho los vecinos de enfrente a colocar cámaras de videovigilancia que apuntan directamente al portal de su vivienda? La intimidad, el derecho a tenerla a buen recaudo, no es algo exclusivo de los famosos. Cada vez preocupa más a todos. No hay mejor prueba que el incremento constante de las denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Más de 1.200 durante 2007 en toda España, lo que representa un aumento del 3,3% con respecto al ejercicio anterior, y hasta un 34,8% en el caso concreto de las demandas presentadas en Galicia, que es ya la cuarta comunidad donde se inician más investigaciones, 116 el año pasado.
Quejas por incumplimientos de las administraciones públicas, pero sobre todo, de empresas. "El flujo real de datos se produce en el mundo económico -explica Artemi Rallo, director de la Aepd, un ente público, pero independiente en su trabajo-, donde operan firmas de telecomunicaciones, bancarias, empresas de servicios relacionadas con la gestión del agua o la luz, que gestionan de forma masiva datos de carácter personal y, por lo tanto, no es extraño que las denuncias y sanciones recaigan fundamentalmente en entidades privadas". Precisamente, son las compañías relacionadas con la sociedad de la información, las que más reclamaciones concentran, seguidas de las asociaciones empresariales y profesionales, asesores y consultores y empresas dedicadas a los servicios informáticos.
Del más de centenar de procesos iniciados en el organismo por denuncias en la comunidad, 45 se formalizaron en la provincia de
A Coruña; otras 27 en Pontevedra, 40 en Ourense; y 4 en Lugo. Aunque las sanciones también van en aumento, el número es todavía mucho menor. Casi 400 en todo el Estado el año pasado, de las que seis se impusieron en A Coruña, otra en Pontevedra y una más en Lugo. Para dar un paso más allá y adelantarse a cualquier tipo de incumplimiento, medio centenar de gallegos solicitaron a la Agencia Estatal de Protección de
Datos la tutela de sus derechos. Tanto para acceder a bases de datos -desde registros de morosos a una historia clínica-, como para la cancelación de información que hay sobre ellos.
Apostasías
Y ahí ha tenido mucho que ver el fenómeno de la apostasía, las peticiones para darse de baja en los Libros de Bautismo de la Iglesia católica, hasta que una reciente sentencia del Tribunal Supremo descarta que esos archivos puedan ser considerados ficheros -empresas, administraciones y cualquier organismo están obligados a inscribir en la AEPD los registros con datos personales que manejen- y, por lo tanto, la situación "se invierte". "A partir de ahora -anuncia Artemi Rallo- no podrá ejercerse ese derecho".
En cuanto al acceso a bases de datos, el nuevo frente que se abre son las cámaras de videovigilancia. Un total de 968 cuentan en Galicia con la inscripción necesaria en la Aepd. Sólo nueve son de titularidad pública, el resto de empresas.

Fuente: www.laopinioncoruna.es